EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO, UNA PROBLEMÁTICA DE FONDO






“ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.” Constitución Política de Colombia. 
 
Quería comenzar citando la Constitución Política Colombiana, que tiene en sus derechos fundamentales el derecho al trabajo. No se trata del Código de Policía, se trata de los mecanismos y herramientas de las que hace uso el Estado colombiano para implementar las diferentes normas que hacen parte de su ordenamiento jurídico. Esta opinión nada tiene qué ver con la autoridad o institución encargada de implementar la ley, en este caso, el Código de Policía y sus diferentes regulaciones. 
 
Hoy quiero ir más allá de la subjetividad de la aplicabilidad de las leyes, pues considero categóricamente, que las situaciones que se generan, particularmente por el uso del espacio público tienen un trasfondo social y cultural.
 
No podemos esperar, que de la noche a la mañana las costumbres culturales y sociales cambien, al igual que se pretenda lograr abruptamente las transformaciones que estructura la legislación nacional. El problema del uso inadecuado del espacio público es social y cultural, creo que es un error terminar de tajo esta problemática solamente acudiendo al uso de la fuerza que establece el derecho como sistema regulatorio de las conductas humanas. 
 
Detrás de la problemática del espacio público hay un sinnúmero de particularidades y generalidades de quienes venden y quienes compran en el espacio público. En la escuela, en el hogar y en las mismas instituciones públicas del Estado, está la clave para la transformación de las costumbres y conductas frente al buen uso del espacio público. 
 
El Estado colombiano y la Policía Nacional como la institución encargada de implementar y velar por el cumplimiento del Código de Policía, tienen la potestad y autonomía legal para hacerlo; sin embargo, la implementación real de lo estipulado en el papel, tiene una relación directa con la visión de país, de sociedad, el estilo de gobierno y su relación con la gente. Las libertades individuales y colectivas, así como los derechos fundamentales, deben ser prioridad para cualquier institución, al menos, así lo vemos los liberales. El espacio público es de todos y su buen uso garantiza el disfrute de toda la ciudadanía, pero a su vez también es una obligación constitucional del estado el garantizar el trabajo digno, así que, antes de reprimir con el uso de la fuerza, no solo física, sino también la fuerza de la ley, se deben promover las condiciones necesarias para que los venteros ambulantes puedan acceder a condiciones dignas de trabajo. 
 
Hago un expreso llamado al gobierno, a la Policía Nacional, al Congreso de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio del Trabajo y a la academia, como instituciones responsables de los procesos de transformación del espacio público, el trabajo y las costumbres culturales y sociales, para que se definan y elaboren mecanismos, herramientas y alternativas pedagógicas que permitan paulatinamente ir cambiando las costumbres, tradiciones, visiones, percepciones y conductas del ciudadano colombiano frente al uso del espacio público. El trabajo informal debe dejar de ser esa pieza del rompecabezas que permite engrosar las cifras porcentuales de los informes oficiales de cada gobierno frente a la empleabilidad y la ocupación de la población colombiana, pero tampoco se trata simplemente de abrir casetas legales y delimitar áreas del espacio público para su explotación laboral y comercial. No, el trabajo informal tiene que ser un aspecto fundamental de las políticas económicas, sociales y culturales del gobierno, con prioridad sobre la dignidad, equidad e igualdad en las condiciones en que se pueda ejercer cada trabajo en este país.